Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la mercantil recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19, fundamentalmente el cierre de establecimiento. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la mercantil recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19, fundamentalmente el cierre de establecimiento. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: Solicitud de tasación de costas. Recurso de revisión contra decreto que declaró la caducidad de la acción. Se estima.
Resumen: El hecho imponible no queda suspendido durante las limitaciones producidas por el estado de alarma, ni tampoco el devengo de la tasa que depende de una autorización y no de la obtención de ingresos. En consecuencia, no se vulnera el principio constitucional de capacidad económica invocado.
Resumen: Expediente sancionador por generación de duplicados de tarjetas SIM, sin consentimiento de los legítimos titulares. Protección personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. Desestimación. No hay caducidad del expediente. Se ha realizado una adecuada interpretación de la D.A. 3ª del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, que es aplicable a las actuaciones previas de investigación. Principio de especialidad, no se ha incurrido en un error de tipificación al aplicar el art. 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril en lugar del art. 32 del Reglamento general. El artículo 5.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), resulta aplicable a aquellas conductas consistentes en que el responsable o el encargado del tratamiento de datos o sus empleados, faciliten el acceso a los datos personales contenidos en la tarjeta SIM a terceros, mediante la generación de duplicados obtenidos de forma fraudulenta, por no adoptar las medidas de seguridad adecuadas para evitar tratamiento no autorizados o ilícitos, al poner en riesgo la integridad y la confidencialidad de los datos.
Resumen: Extranjero solicitante de ingreso mínimo vital, con vigencia prorrogada del permiso de residencia, en virtud de la normativa en la materia durante el estado de alarma, impugna la resolución denegatoria de la prestación asistencial interesada el 19/06/20, por no acreditar la residencia legal en nuestro país con al menos un año de antelación. La instancia estima la demanda. La sentencia comentada, rechaza una revisión fáctica, acepta otra, y, confirma la decisión del Juzgado, argumentando que, cuestionándose en el recurso únicamente el incumplimiento del requisito de vulnerabilidad económica, cuya inobservancia se alegó por vez primera en el acto del juicio, dicha actuación procesal, originó indefensión al demandante, por cuanto, en ese momento procesal carecía de la posibilidad de cumplir la carga probatoria que le incumbía de acreditar su situación económica, extremo que, por lo demás, el INSS pudo haber comprobado cruzando datos con los correspondientes organismos oficiales, o requiriéndole para subsanar su solicitud, aportando la documentación que hubiera considerado pertinente a tal fin, siendo además verosímil la carencia de rentas por la situación de crisis existente durante la pandemia.
